Hace unas semanas, anunciábamos en un post que Bicipalma, el sistema de bicicleta pública de Palma de Mallorca, aumentaría en breve el precio de sus abonos.

Pues bien, el jueves pasado, 22 de marzo, el concejal de Movilidad de Palma admitió que el sistema supondrá un gasto para el Ayuntamiento de 270.000 euros anuales, teniendo ya en cuenta el nuevo precio de los abonos. Además el concejal reconoció que el sistema necesita aumentar el número de estaciones y bicicletas para asegurar su superviencia, pero que en estos momentos dicha ampliación es imposible por motivos de presupuesto. Actualmente Bicipalma tiene unas 350 bicicletas distribuidas en 28 estaciones que están localizadas en el centro de la ciudad (Diario de Mallorca).

Persona tomando prestada una bicicleta en Bicipalma. Foto: M.Domingez. Ultima Hora

Hay dos cosas de este artículo que me han llamado la atención y que me gustaría comentar:

1. Si por una parte el Ayuntamiento dice que para garantizar la continuidad del servicio de bicicleta pública tendría que ampliarlo y por otra parte dice que la ampliación es imposible a día de hoy ¿se está preparando el terreno para cerrarlo? Quiero pensar que no, porque, aunque el sistema está oficialmente en modo de pruebas, se acaba de formalizar legalmente su existencia incluso modificando las tarifas. Así que, quizá la ampliación es más un deseo que un requisito.
2. El artículo de Diario de Mallorca decía textualmente «pese a que el servicio será de pago cuando estén aprobadas las tarifas, seguirá siendo deficitario en 270.000 euros». Una vez más el término «deficitario» es cierto y correcto. Pero creo que hay que tener cuidado con este lenguaje para no ser injustos con la bicicleta pública. Cuándo se habla del transporte público ¿se recalca que es «deficitario»? No, se trata de un servicio público y por tanto no es un generador de ingresos (monetarios inmediatos). Por supuesto, habrá que ser exigentes con su rendimiento y su coste. Sin embargo, como ya decíamos en otro post,  si el sistema es (o puede ser) exitoso los ayuntamientos pueden asumir un determinado porcentaje del coste de la bicicleta pública, como ya se hace con el transporte público.